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El derecho de acceso a la información pública, en su modalidad de acceso remoto, garantizado por el artículo Sexto Constitucional, cumple once días suspendido y acumulando elementos que envuelven de opacidad los motivos reales por los que se limita esa garantía.
Primero, el Sistema Infomex-SLP quedó fuera de servicio por una presunta acción para hacer “cambios en nuestra infraestructura tecnológica con la intención de ofrecerle un mejor servicio”, para después informar oficialmente falla de discos duros, mediante un acuerdo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
El único aviso directo al público por parte de los administradores de Infomex ha sido el de las presuntas mejoras, y de manera indirecta –es parte del acuerdo de la CEGAIP publicado, no una explicación directa a los usuarios– el de las fallas, versión ésta que tuvo un efecto colateral inesperado con epicentro en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología: se proyectó una imagen poco confiable el Centro Nacional de Supercómputo.
Este 7 de julio, el IPICYT emitió un comunicado para aclarar que el servicio que presta al Gobierno del Estado se limita a ofrecer el alojamiento de los servidores y proporcionar “un espacio físico óptimo para su instalación y operación”.
“Tanto el mantenimiento como la administración y la operación de los servidores es responsabilidad exclusiva del usuario, por lo que el personal del CNS no cuenta, ni con la información, ni con las claves de acceso (passwords) a esos servidores, ni está a cargo de la administración y el mantenimiento de los mismos.
“Ante los acontecimientos detectados en esos servidores por el personal del Gobierno del Estado, el CNS entregó a los usuarios los discos duros supuestamente dañados, para su evaluación técnica y posible recuperación de la información”, señala el comunicado del IPICYT.
En tanto, en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se informa de sesiones extraordinarias del pleno para tomar determinaciones con relación a la caída de Infomex-SLP, y sólo extraoficialmente se habla de que se promoverán “métodos alternos para solicitar información como es mediante correo electrónico o solicitud impresa en las respectivas Unidad de Información”.
Los métodos alternos siempre han estado vigentes, por lo que no suplen la limitación que representa dejar sin Infomex a la población, lo que representa un hecho que mantiene a los entes públicos adheridos al sistema en una situación de incumplimiento de la fracción IV del artículo 6º de la Constitución General de la República, conforme a lo que señala el artículo Tercero Transitorio del decreto que reformó ese artículo.
En un recorrido por las páginas de transparencia de los entes adheridos a Infomex, sólo se encontró aviso sobre la falla y alternativas para los solicitantes con peticiones en trámite en el portal del Congreso del Estado.
La ruta de opacidad de la crisis de Infomex SLP ha pasado, para el público, del “disculpe las molestias, lo hacemos para mejorar”, al “por daños en los discos duros se encuentra suspendido el servicio”, con el nuevo matiz que abre espacio a las dudas de que “el CNS entregó a los usuarios los discos duros supuestamente dañados, para su evaluación técnica”.
Paradójico: un tema netamente de transparencia, cubierto con velos de opacidad.
Primero, el Sistema Infomex-SLP quedó fuera de servicio por una presunta acción para hacer “cambios en nuestra infraestructura tecnológica con la intención de ofrecerle un mejor servicio”, para después informar oficialmente falla de discos duros, mediante un acuerdo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
El único aviso directo al público por parte de los administradores de Infomex ha sido el de las presuntas mejoras, y de manera indirecta –es parte del acuerdo de la CEGAIP publicado, no una explicación directa a los usuarios– el de las fallas, versión ésta que tuvo un efecto colateral inesperado con epicentro en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología: se proyectó una imagen poco confiable el Centro Nacional de Supercómputo.
Este 7 de julio, el IPICYT emitió un comunicado para aclarar que el servicio que presta al Gobierno del Estado se limita a ofrecer el alojamiento de los servidores y proporcionar “un espacio físico óptimo para su instalación y operación”.
“Tanto el mantenimiento como la administración y la operación de los servidores es responsabilidad exclusiva del usuario, por lo que el personal del CNS no cuenta, ni con la información, ni con las claves de acceso (passwords) a esos servidores, ni está a cargo de la administración y el mantenimiento de los mismos.
“Ante los acontecimientos detectados en esos servidores por el personal del Gobierno del Estado, el CNS entregó a los usuarios los discos duros supuestamente dañados, para su evaluación técnica y posible recuperación de la información”, señala el comunicado del IPICYT.
En tanto, en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se informa de sesiones extraordinarias del pleno para tomar determinaciones con relación a la caída de Infomex-SLP, y sólo extraoficialmente se habla de que se promoverán “métodos alternos para solicitar información como es mediante correo electrónico o solicitud impresa en las respectivas Unidad de Información”.
Los métodos alternos siempre han estado vigentes, por lo que no suplen la limitación que representa dejar sin Infomex a la población, lo que representa un hecho que mantiene a los entes públicos adheridos al sistema en una situación de incumplimiento de la fracción IV del artículo 6º de la Constitución General de la República, conforme a lo que señala el artículo Tercero Transitorio del decreto que reformó ese artículo.
En un recorrido por las páginas de transparencia de los entes adheridos a Infomex, sólo se encontró aviso sobre la falla y alternativas para los solicitantes con peticiones en trámite en el portal del Congreso del Estado.
La ruta de opacidad de la crisis de Infomex SLP ha pasado, para el público, del “disculpe las molestias, lo hacemos para mejorar”, al “por daños en los discos duros se encuentra suspendido el servicio”, con el nuevo matiz que abre espacio a las dudas de que “el CNS entregó a los usuarios los discos duros supuestamente dañados, para su evaluación técnica”.
Paradójico: un tema netamente de transparencia, cubierto con velos de opacidad.